


Presupuesto 2027: Llaryora anunció una fuerte baja de impuestos de $1,5 billones y prioriza la inversión social
Miguel Peiretti
En medio de un escenario económico nacional complejo, el gobernador Martín Llaryora presentó los lineamientos centrales del Presupuesto Provincial 2027. La iniciativa profundiza la política de alivio fiscal en Córdoba mediante una marcada reducción de impuestos para familias y sectores productivos, combinada con un estricto control del gasto estatal y el sostenimiento de la inversión social.


Según las estimaciones oficiales, el conjunto de rebajas tributarias que entran en vigencia y la continuidad de los beneficios previos permitirán que $1,5 billones permanezcan en manos de los contribuyentes cordobeses para dinamizar el consumo, respaldar la producción y sostener el empleo.
El diagnóstico económico y el recorte del gasto estatal
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el anuncio responde a una coyuntura adversa marcada por la caída del consumo y la retracción de la actividad privada. De acuerdo con el relevamiento oficial, Córdoba registró en el último período el cierre de más de 3.000 comercios y la pérdida de más de 35.000 puestos de trabajo, a lo que se sumó una caída en la recaudación provincial durante más de diez meses consecutivos.
Frente a este cuadro, la administración de Llaryora resolvió mantener el equilibrio fiscal recortando gastos en áreas no esenciales. Entre las medidas de austeridad se destaca una reducción del 40% en la inversión destinada a publicidad oficial, redirigiendo esos fondos hacia servicios esenciales y políticas de reactivación.
Fuerte reducción del Impuesto Inmobiliario Urbano
Uno de los ejes centrales del Presupuesto 2027 es la rebaja en el Impuesto Inmobiliario Urbano, medida que alcanzará a la totalidad de las propiedades de la provincia. El 97% de los inmuebles accederá a una disminución del 30%, mientras que el 3% restante tendrá una rebaja del 5%.
Asimismo, se ratificó la continuidad de todas las exenciones y beneficios sociales dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de planes de vivienda social. También seguirán vigentes los tratamientos especiales para entidades sin fines de lucro y sectores vinculados a la economía popular, la salud y la educación.
Ingresos Brutos: baja de alícuota y más beneficiarios
En materia productiva y comercial, el proyecto establece una baja en la alícuota general de Ingresos Brutos, que pasará del 4,75% al 3,50%, lo que representa una disminución de 1,25 puntos porcentuales.
Al mismo tiempo, se ampliará el universo de pequeños y medianos contribuyentes alcanzados por el régimen de alícuota reducida. A los 70.000 actuales se sumarán 40.000 nuevos beneficiarios, totalizando 110.000 comercios y prestadores de servicios. De este modo, el 58% del padrón de Ingresos Brutos de Córdoba pagará una tasa diferencial reducida.
Promoción del comercio, campo, industria y transporte
El paquete de medidas incluye además incentivos sectoriales específicos para impulsar la actividad privada. Por un lado, se impulsará una Ley de Promoción del Comercio que extenderá al sector comercial el régimen de Impuestos por Inversión, permitiendo descontar de Ingresos Brutos los montos destinados a nuevos proyectos y ampliación de locales.
Por otro lado, se mantendrá la alícuota del 0% en Ingresos Brutos para las actividades agropecuarias e industriales comprendidas en la promoción vigente, sumado a la nueva Ley de Promoción Industrial. En cuanto al Impuesto Automotor, se aplicará una reducción del 50% para vehículos afectados al transporte público de pasajeros, taxis, unidades que operan mediante plataformas digitales, personas con discapacidad y pacientes crónicos.
Prioridad en áreas sociales y obras en marcha
En cuanto a la asignación del gasto, el Presupuesto 2027 concentrará sus partidas en salud, educación, seguridad y asistencia social. En materia de obra pública, la Provincia garantizó los fondos necesarios para finalizar toda la infraestructura que actualmente se encuentra en ejecución, mientras que aplicará un criterio restrictivo para iniciar nuevos proyectos, limitándolos únicamente a obras estratégicas acordes a la disponibilidad financiera.




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