Miguel Peiretti
Quien camine por las calles de Morteros habrá notado un paisaje urbano que se repite hace ya mucho tiempo: adolescentes y jóvenes cargando cajas ajenas para repartir sobre dos ruedas. Lo que comenzó como un rebusque hoy se transformó en el reflejo local de una profunda crisis. En nuestra ciudad, los pibes aceleran sin salida; trabajan hasta que tienen que reparar la moto, momento exacto en el que descubren que lo que cobran ni siquiera les alcanza para empatarle al mes.
Aprovechando la perversidad de un sistema impuesto por un gobierno nacional que promueve la precarización laboral, esta explotación ahora busca concentrarse y dar un salto de tuerca. Dos empresas pretenden desembarcar para quedarse con una tajada de la miseria que ya perciben los repartidores. Estos vienen a explotar la necesidad de quienes solo buscan ganar unos pocos pesos para cubrir sus necesidades cotidianas más básicas. Las plataformas nada ponen; solo se quedan con el fruto del trabajo de pibas y pibes que no cuentan con la posibilidad de acceder a otro empleo.
El costo de este negocio lo pagan los jóvenes con su propio patrimonio y con su salud. Son ellos quienes ponen la moto, la nafta, el seguro y, sobre todo, ponen el cuerpo a alta velocidad, corriendo riesgos para anticiparse a cada viaje y rascar unos centavos más. La desprotección es tan extrema que basta con mirarlos en la calle: muchos llevan cascos que no cubren nada, porque lo que ganan no les alcanza para comprar un casco de moto adecuado que les salve la cabeza en un golpe. Cuidar la propia vida se volvió un lujo inalcanzable mientras sueñan con encontrar, alguna vez, un trabajo mejor remunerado.
Al estar completamente excluidos de las leyes laborales, no existen para ellos las obras sociales, los aportes patronales, las vacaciones, el aguinaldo ni el recibo de sueldo. Por eso, es urgente que alguien ordene la actividad en Morteros. No podemos permitir que la precarización laboral decidida desde los estamentos nacionales se naturalice en nuestra ciudad sin que nadie defienda mínimamente sus derechos.
El municipio, a través del Área de Comercio e Industria, debería desarrollar políticas que apunten a la organización y la defensa de los derechos de los sectores más desprotegidos que necesitan trabajar. Esto incluye la creación de una Plataforma Digital de uso totalmente gratuito para quienes prestan el servicio, financiada mediante el cobro de una tasa mínima al comercio adherido. De este modo, se cubrirían los costos de diseño, desarrollo y mantenimiento de una aplicación de reparto local, garantizando que el fruto del trabajo quede íntegramente en el bolsillo de los repartidores y evitando que el costo final para las familias resulte oneroso debido a comisiones abusivas.
Para frenar la precarización que imponen las empresas digitales y cuidar a la juventud de nuestra ciudad, el Concejo Deliberante debe legislar bajo un marco de justicia social, seguridad vial y fomento estatal. Entre otros artículos, la referida ordenanza debería contemplar un registro único de plataformas privadas con la obligatoriedad para operar de que cuenten con un domicilio físico en Morteros y que cada repartidor esté debidamente registrado en la misma.
El registro debe ser abierto a la toda la comunidad para que se pueda comprobar quien está entregando el pedido es alguien que fue registrado por la plataforma por seguridad de la ciudadanía y al mismo tiempo para ejercer un control de cumplimiento.
Asimismo, se debe aplicar una tasa por servicio de seguridad vial a cada una de las plataformas privadas para constituir un fondo destinado exclusivamente a proveer a los repartidores de cascos homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, indumentaria refractaria y cajas térmicas seguras.
La normativa también tiene que exigir a las aplicaciones privadas la contratación de un seguro de accidentes de trabajo y de responsabilidad civil para cada repartidor activo durante la prestación del servicio, cubriendo los gastos médicos y los días de inactividad por siniestros viales, cuyo número de póliza deberá ser incluido de forma obligatoria en el registro único.
Finalmente, resulta indispensable establecer tarifas mínimas por viaje que se actualicen automáticamente según el precio del combustible en Morteros, garantizando que el mantenimiento del vehículo y la nafta no absorban la totalidad del ingreso de quienes prestan el servicio.
