La Legislatura de Córdoba aprobó el Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar, una iniciativa impulsada por el gobernador Martín Llaryora para brindar una herramienta a las familias que atraviesan dificultades económicas y financieras para afrontar sus obligaciones.
La creación del programa fue una decisión del Ejecutivo provincial, que semanas atrás envió el proyecto de ley a la Unicameral con el objetivo de generar condiciones especiales para que personas con dificultades de pago puedan refinanciar, reprogramar o reestructurar sus deudas.
Con la sanción de la ley, la Provincia avanza ahora en la implementación de esta herramienta, orientada a reducir el costo financiero que afrontan los hogares, evitar un mayor deterioro de su situación crediticia y favorecer una recuperación progresiva de su capacidad económica.
El programa contempla la participación voluntaria de entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito, que deberán instrumentar líneas especiales de financiamiento para las personas alcanzadas.
Tasa máxima del 35% y hasta 48 cuotas
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial es el establecimiento de condiciones específicas para las operaciones que se realicen dentro del programa.
Los bancos y emisoras de tarjetas que adhieran deberán ofrecer mecanismos de consolidación, refinanciación o reestructuración de deudas con una Tasa Nominal Anual (TNA) fija máxima del 35% y plazos de entre 24 y 48 cuotas mensuales.
De esta manera, se busca ofrecer una alternativa para quienes actualmente tienen dificultades para sostener el pago regular de sus compromisos y necesitan ordenar sus obligaciones bajo condiciones financieras más favorables.
Qué deudas podrán refinanciarse
El programa comprende obligaciones originadas en préstamos personales, saldos financiados de tarjetas de crédito y otras modalidades de financiamiento utilizadas para afrontar gastos ordinarios relacionados con la subsistencia o las necesidades básicas del hogar.
Quedan excluidas las financiaciones vinculadas directa o indirectamente con juegos de azar y apuestas, así como las deudas contraídas para cancelar o refinanciar obligaciones originadas en esos conceptos.
La normativa establece criterios para focalizar el programa en personas que atraviesen dificultades financieras.
Podrán acceder quienes acrediten domicilio en la provincia de Córdoba con una antigüedad mínima de dos años y hayan estado clasificados en Situación 2 o Situación 3 al 31 de julio de 2026, de acuerdo con la información de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina.
También deberán cumplir las condiciones económicas, financieras y patrimoniales que determine la reglamentación.
Entre los parámetros contemplados se encuentran el nivel de ingresos del solicitante y de su grupo familiar conviviente; la titularidad de inmuebles, automotores y otros bienes registrables; la tenencia de activos financieros o inversiones; y la relación entre los ingresos disponibles y las obligaciones financieras.
Incentivos para facilitar la adhesión de bancos y tarjetas
La ley incorpora además un incentivo tributario dispuesto por la Provincia para promover la participación de las entidades financieras y emisoras de tarjetas.
Las entidades que adhieran tendrán una alícuota especial del 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre los intereses y ajustes correspondientes a las operaciones de refinanciación, reprogramación o reestructuración realizadas dentro del programa.
El mismo tratamiento alcanzará a las emisoras de tarjetas de crédito respecto de los intereses compensatorios o financieros correspondientes a la refinanciación de los saldos comprendidos.
El Ministerio de Economía de la Provincia será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la instrumentación del programa, los procedimientos de adhesión, la verificación de los requisitos y los mecanismos de registración, información y control.
Con la aprobación de la Legislatura, el Gobierno provincial avanza en la puesta en marcha de una herramienta promovida por Llaryora para atender el endeudamiento de familias en situación de vulnerabilidad financiera y facilitar el reordenamiento de sus obligaciones bajo condiciones especialmente establecidas.
