Miguel Peiretti
Como parte de las políticas que lleva adelante el Gobierno de la Provincia tendientes al saneamiento de títulos de propiedad, comprendidas en la ley 9.150, el Ministerio de Justicia y Trabajo y el Colegio de Agrimensores de la Provincia acordaron una serie acciones conjuntas tendientes a facilitar los trámites de regularización dominial de inmuebles, tanto rurales como urbanos.
El convenio que otorga el marco legal y donde se fijan las condiciones y acciones a llevar adelante fue rubricado por el ministro del área, Julián López, y por el titular del Colegio de Agrimensores de la Provincia de Córdoba, Omar Belisle.
En el acto también participaron el secretario de Justicia, Leandro Goria y la presidenta de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos (UEST), Irene Gabutti.
El acuerdo de colaboración, además de facilitar los trámites para la regularización de títulos de propiedad, estipula la asistencia a ciudadanos con vulnerabilidad socioeconómica y que no cuentan con los recursos para costear los planos de mensura exigidos por la Ley N° 9.150. Ante esta situación, el Estado asumirá el pago de los honorarios profesionales de los agrimensores, quienes son seleccionados y supervisados por su respectivo colegio profesional.
El texto define las pautas operativas, los valores de referencia para los trabajos y las etapas de pago según el avance de las tareas técnicas. De esta manera, se busca garantizar la seguridad jurídica y el acceso al saneamiento dominial de viviendas y terrenos.
“Este convenio permite articular, con el Colegio de Ingenieros Agrimensores, para que sean ellos los que realicen las mensuras, que son requeridas para el trámite de anotación del Registro de Poseedores, para los casos en que los ciudadanos poseedores no puedan afrontar por su cuenta los gastos que implica un profesional para confeccionar un plano de mensura”, explicó Irene Gabutti, presidenta de la UEST.
La funcionaria también indicó que a través del convenio “se establecen valores especiales para honorarios y gastos generales, en razón del interés social comprometido, masividad, localización y situación socioeconómica de los beneficiarios”.
Asimismo, el convenio, “posibilitará que el Colegio de Ingenieros Agrimensores realice descuentos para que el Estado pueda prestarle ese servicio al ciudadano que, en el caso de familias necesitadas, obtendrán su plano de manera totalmente gratis”, afirmó Gabutti.
En su normativa, la ley 9.150 establece que el correspondiente procedimiento de anotación de las posesiones incluye el requisito por el cual el solicitante debe acompañar un plano, suscripto por un profesional habilitado para el ejercicio de la agrimensura, con la determinación de medidas, superficie y linderos afectados por la posesión, como así también la ubicación y descripción del inmueble, con su correspondiente designación catastral y oficial y número de cuenta ante la Dirección de Rentas, si lo tuviere.
Asimismo, la ley dispone que los planos de mensura de posesión requeridos por el trámite de la Ley N° 9.150 deben ser confeccionados por los profesionales legalmente habilitados para el ejercicio de la agrimensura.
