Miguel Peiretti
En el marco del plan de privatizaciones impulsado a través de la Red Federal de Concesiones, el Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública para transferir al sector privado la administración del Tramo Centro Norte de la Ruta Nacional 34. La medida afectará de forma directa a la actual estación de peaje de Ceres, la cual dejará de ser operada por la firma estatal Corredores Viales S.A. para quedar en manos de un operador privado.
El trayecto licitado abarca un total de 536 kilómetros, extendiéndose desde Angélica, hasta La Banda. Según los pliegos de bases y condiciones establecidos por el Ministerio de Economía, el nuevo esquema implementará un cambio drástico en el sistema de recaudación y mantenimiento de la traza regional.
Con la adjudicación definitiva del corredor, se instalarán cuatro nuevas cabinas de peaje sobre la Ruta 34, en Angélica y Palacios en la provincia de Santa Fe, en Pinto y Herrera en Santiago del Estero, además de las ya existentes en Ceres y Fernández
La empresa que resulte ganadora del proceso de selección deberá financiar la totalidad de las obras viales exclusivamente a través de los ingresos generados por las tarifas cobradas a los usuarios, las que podrán ser bastante más elevadas que las actuales, como así también podrían desaparecer las tarifas vecinales o diferenciales
Uno de los puntos de mayor sensibilidad regional radica en el destino de las familias vinculadas a la operación diaria de las cabinas viales. De acuerdo con las cláusulas contractuales generales dispuestas por el Ejecutivo nacional, la empresa privada que resulte adjudicataria tiene la obligación legal de absorber y mantener los puestos de trabajo operativos del personal que hoy se desempeña en el peaje de Ceres.
Pero llama la atención que Corredores Viales S.A., está ofreciendo a los trabajadores retiros voluntarios generando un alerta gremial. El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) viene desarrollando intensas asambleas con delegados de la región para evaluar el impacto de la reforma. Desde la conducción gremial advirtieron que se mantendrán firmes en la defensa de la estabilidad laboral, el reconocimiento de la antigüedad acumulada y la plena vigencia de los convenios colectivos de trabajo frente al desembarco del capital privado.
El principal foco de preocupación de los trabajadores de Ceres radica en la modernización tecnológica que exige el pliego licitatorio. El proyecto prevé la incorporación progresiva de sistemas de cobro dinámico e inteligente (como el peaje electrónico). Si bien el Gobierno argumenta que estas tecnologías agilizarán el tránsito productivo de la Ruta 34, el gremio advierte sobre el riesgo a mediano plazo de una reestructuración de funciones, por lo que ya exigen planes concretos de reconversión laboral para asegurar que los cajeros sean reasignados a tareas administrativas o de asistencia en ruta.
