Miguel Peiretti
La decisión del Estado Nacional de destruir todo mediante el argumento de la desregulación pone en jaque a los parques nacionales entre ellos a Ansenuza al establecer la decisión administrativa la paralización de vigilancia para evitar delitos ambientales con el consecuente riesgo para el patrimonio ecológico
La poda de recursos genera vulnerabilidad al Parque Nacional Ansenuza, donde entre otros el recorte ya paralizó los programas de monitoreo de la salud de la avifauna ante amenazas zoonóticas y el apoyo técnico a los esquemas de trashumancia ganadera de las comunidades campesinas originarias.
La medida imposibilita la fiscalización territorial, el monitoreo biológico y la respuesta ante el fuego o el furtivismo. Este retroceso operativo deja al patrimonio natural indefenso frente a ciclos estacionales de alta vulnerabilidad ambiental.
Guillermo Díaz Cornejo es un cordobés respaldado por la Bolsa de Comercio es vocal de la Administración de Parques Nacionales es quien estampo su firma para ordenar la medida a quienes trabajan en los parques ayudando a la mercantilización de los bienes que deben ser protegidos habilitando la explotación irracional bajo la consigna de la rentabilidad sin escrupulos.
La crisis operativa se ve agravada por una precarización laboral extrema. Con una planta bajo contratos anuales o temporales, la amenaza constante de despido funciona como un mecanismo de censura silenciosa. Este panorama erosiona la articulación histórica y los proyectos de investigación conjunta que la APN mantenía con organismos científicos fundamentales como el Conicet, el Inta y el Senasa tres organismos que tambien vienen siendo destruidos por el gobierno de Milei
El aparato de comunicación oficial justifica el ajuste como un sacrificio indispensable para la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, las auditorías independientes desarman este argumento de forma matemática, demostrando que el recorte no responde a una emergencia financiera, sino a una decisión política, sostiene el economista de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Matías Cena Trebucq,
Como detalla Cena Trebucq: «El supuesto ‘ahorro’ representa menos del 0,003% del presupuesto nacional. La medida se inscribe de lleno en una política sostenida de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a la protección ambiental; estamos ante una grave regresión en términos de derechos ambientales colectivos».
