Miguel Peiretti
El Gobierno nacional difundió este martes un comunicado en el que advierte que los trabajadores de prensa que cubran situaciones violentas en los alrededores del Congreso “se autopondrán en peligro”, porque las Fuerzas de Seguridad no dudarán en actuar.
El escrito está firmado por el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva y se encuentra dirigido a periodistas, camarógrafos y personal de apoyo que desarrollen tareas de cobertura en los días 18, 19 y 20 de febrero, puntualmente en la zona del Congreso de la Nación.
Bajo el título «Medidas de seguridad para la prensa – operativo Congreso», el comunicado sostiene una postura que en realidad se desresponsabiliza por las situaciones que puedan llegar a vivir los trabajadores de medios durante esas jornadas de labor periodística.
“Con el objetivo de reducir situaciones de riesgo, se recomienda evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad afectado al operativo. Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán”, anticipa el documento distribuido este martes, a través de las redes sociales de la cartera ministerial.
“Tal emplazamiento -completa el escrito- podría implicar una exposición directa a situaciones de violencia, configurando una autopuesta en peligro que la presente medida procura prevenir”.
Lo nodal de esas advertencias está en esos dos últimos párrafos, que inicialmente estuvieron edulcorados con uno anterior que informa que se ha asignado como zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700 (lado par).
Cabe recordar que actualmente se encuentra en curso una causa judicial que investiga la represión ocurrida el 12 de marzo de 2025 en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde resultó gravemente herido el fotoperiodista Pablo Grillo, luego de recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno.
El pasado 10 de febrero se conoció que Grillo se presentó formalmente como querellante particular en la causa y, en su presentación, pidió que se profundice la investigación sobre la cadena de mando de la Gendarmería Nacional y el rol de los funcionarios del Ministerio de Seguridad que en ese momento dirigía Patricia Bullrich.
Según explicó Agustina Lloret, abogada del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y defensora de Grillo en la causa, además de avanzar sobre el accionar del gendarme Héctor Guerrero, identificado como autor del disparo, solicitaron que se investigue la conducta de la actual senadora.
