Expectativas tras el hallazgo de restos humanos en Córdoba

(LNMañana) El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja confirmó el pasado viernes el hallazgo de restos humanos en el predio de La Perla. La noticia circuló como como reguero de pólvora, y todo en función de las expectativas que genera la posible aparición de los cuerpos de los desaparecidos que pasaron por el centro de detención y exterminio La Perla. Muchos padres y madres ya no están, buscaron desde el primer momento, cuando sus hijos e hijas fueron secuestrados y desaparecidos. Y tras la pérdida de las esperanzas de encontrarlos con vida, trabajaron incansablemente para saber dónde fueron enterrados sus seres queridos tras ser asesinados. 

La causa, caratulada “NN y otro s/homicidio agravado con ensañamiento-alevosía”, que tuvo como denunciante al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, data de más de dos décadas.

Se estima que por La Perla, el centro de detención y exterminio más importante del país después de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), pasaron entre 2.000 y 2.500 detenidos, hombres y mujeres secuestrados por grupos de tareas y efectivos de las fuerzas de seguridad (Ejército, Policía de la Provincia) y alojados de manera ilegal, clandestina, en ese cuartel militar al costado de la ruta nacional 20, a 12 kilómetros de esta capital.  

El anuncio de la Justicia Federal tiene distintas consecuencias y dispara en varias aristas. Por un lado, lo que genera en las familias, que vienen reclamando por conocer la verdad, el destino de sus seres queridos secuestrados y desaparecidos hace casi 50 años; por otro, en términos jurídicos, en cuanto cambia la calificación de desaparición forzada a asesinato. Y en tercer lugar, desde el punto de vista político, porque cuando asistimos a un intento por resignificar lo que fue el terrorismo de Estado, buscando el Gobierno nacional instalar el negacionismo respecto a lo acontecido durante la última dictadura cívico-militar, expone la evidencia de lo que fue el período más atroz de nuestra historia.

Devolución de la dignidad

“Es una gran noticia, esperamos muchísimos años conocer dónde fueron a parar los cuerpos de nuestros seres queridos. Un paso más para cerrar este duelo eterno, y que nos devuelvan un cacho de la dignidad que nos robaron”. Una síntesis de los comentarios escuchados el pasado viernes en la sala repleta de conferencias del séptimo piso del edificio de Tribunales Federales de Córdoba.

El primer aspecto a tener en cuenta en este anuncio es la reacción de las familias de las víctimas de desaparición forzada. 

La dictadura cívico militar impuso la desaparición forzada de personas como un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio de un sector de la población civil. El procedimiento, aprehendido de escuelas represivas francesas y en la región, en el marco de la “doctrina de seguridad nacional” impartida en la formación de oficiales de las Fuerzas Armadas de los distintos países latinoamericanos en la Escuela de las Américas creada por Estados Unidos, persiguió infundir terror en la sociedad, obturando toda resistencia a las políticas que se implementaron. En definitiva, se buscó disciplinar a la población.

Tal vez fue un error de cálculo, pero no se contempló la tradición de la sociedad argentina de organizarse. Esa rica historia de comunidad organizada llevó a que las fanilias de las víctimas gestaran seguramente la corriente social y política más importante de la historia contemporánea argentina: el movimiento de derechos humanos.

Madres, padres, hijos e hijas, hermanos, familiares en general, no pudieron hacer jamás el duelo. Ese proceso emocional necesario que trasciende creencias, religiones. Una condición cultural de todo ser humano. La desaparición forzada llevó la crueldad humana a extremos hasta entonces desconocidos. Dolor continuo, incertidumbre permanente, desazón sin fin. 

Un duelo congelado, un dolor que se prolongó indefinidamente, traumático por donde se lo mire y que causó inmensos daños a las familias y allegados de las víctimas.

Nunca los familiares terminaron de procesar las pérdidas. Y es que la muerte, ese enigma sobre el fin de la existencia, sólo tiene la certeza en los cuerpos, esos cuerpos inertes de los seres queridos que también fueron escondidos. Sepultados de manera indigna en el vasto predio, miles de hectáreas que rodean al centro La Perla, y que un trabajo tan loable como riguroso de funcionarios judiciales, científicos y personal que los acompaña, busca ahora identificar.

 El ex centro clandestino La Perla, hoy Espacio de Memoria. Foto: prensa.cba
Ahora jurídicamente pasan a ser asesinatos
Otro de los efectos del anuncio del hallazgo de restos humanos, es la conclusión de ese tremendo delito, prolongado en el tiempo.

“La desaparición forzada es un delito continuado que termina cuando aparecen los restos”, sostuvo durante la conferencia de prensa el abogado que representa a una veintena de familiares querellantes, Ramiro Fresneda.

Y amplió el juez Vaca Narvaja: “Ya tuvimos la oportunidad de entregar los restos identificados en 2015 en los hornos de Ochoa, estudiantes asesinados en 1975, y quiero decir que cuando uno encuentra los restos y los identifica esa persona deja de ser una persona desaparecida, es una persona asesinada, con la tranquilidad para los familiares de dar por terminada ese estado de incertidumbre”.

En su modo de persecución política, la dictadura cívico militar implementó la "desaparición forzada de personas" y su posterior asesinato, llevado a cabo por grupos específicos y en el que estaban involucrados distintos miembros de fuerzas de seguridad. El método provocó asimismo la privación de identidad para los bebés y niños nacidos en cautiverio y entregados en adopción en forma ilegal: los cientos de nietos y nietas que todavía se buscan.

El terror implantado tuvo por fin la parálisis, desarmar el tejido social. Un genocidio cuyas consecuencias derramó sobre toda la sociedad argentina hasta convertirse en un trauma histórico.

En tiempos de “negacionismo”

Los funcionarios que encabezaron la conferencia de prensa, el juez Federal, Miguel Hugo Vaca Narvaja; el secretario de Derechos Humanos, Trata y Género del mismo juzgado, Miguel Ceballos; la ministra de Desarrollo Humano de la Profvincia, Liliana Montero; la Municipalidad de Córdoba, todas estas instituciones representadas plantean algo más que formalidades. Además, están involucradas distintas universidades públicas, por caso la Universidad Nacional de La Plata que proporcionó los instrumentos para aplicar la técnica “Leader”; la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la participación del geólogo Guillermo Sagripanti. El juez y el secretario destacaron la colaboración para el trabajo cumplido y lo que restará en adelante, del Ejército Argentino.

Y estuvo también el viernes en la conferencia Anahí Ginarte, del Instituto de Medicina Forense que depende del TSJ de Córdoba y, desde ya, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con su inestimable trabajo reconocido mundialmente, representado por la científica Silvana Turner. La ciencia al servicio de la verdad, la ciencia hoy vapuleada injustamente, padeciendo el desfinanciamiento del Gobierno nacional.

Y lo más destacable fue la presencia en la sala de conferencia de familiares de desaparecidos y cómo se notó sus expectativas. Gente que viene de largas luchas, desde distintos lugares, buscando la verdad, la justicia. Tantos y tantas que participaron activamente en los juicios por los delitos de lesa humanidad, que cargan con demasiadas vigilias, marchas y plantones durante muchísimas décadas.

Lo que se anunció, aunque, como se dijo, se trata de un trabajo incipiente, que recién comienza, genera muchas expectativas. La posibilidad de determinar los lugares donde se encuentran los cuerpos enterrados y su posterior identificación. 

El paso dado puede concluir en una reparación que trasciende a las familias, una reparación para toda la sociedad cordobesa.

En esta democracia, sobre la que tenemos grandes reclamos, lo que sucedió el viernes fue una respuesta a los intentos negacionistas. A tanto oprobio y ofensas. Una lectura mística pretendió identificar dos demonios; hay que decir con toda claridad que, en todo caso, sí existió un demonio, y ese fue el del terrorismo de Estado.

No hay nada que se pueda equiparar con el terrorismo de Estado, el Estado actuando ilegalmente, el Estado actuando con total impunidad atentando contra la vida de miles y miles de argentinos y argentinas.

Cualquier intento de equiparar o buscar un segundo demonio es totalmente infundado, un sinsentido, porque es inigualable el terrorismo de Estado, las violaciones de derechos humanos con total impunidad frente a cualquier hecho o delito con el que se pretenda comparar. Los dos demonios es un oxímoron. 

Y es inexorable que el Estado de Derecho hay que defenderlo con mucha fuerza, más aún cuando corrientes ideológicas radicalizadas pretenden resignificar la historia, dar nuevos sentidos a los hechos y hasta atentar contra las instituciones y la división de poderes en pos de una difusa “batalla cultural”. 

Los familiares de los desaparecidos, su tesón y constancia en la lucha, son una muestra de cuánto costó recuperar las libertades democráticas en este país. Y vale toda reparación, esa devolución de dignidad necesaria, un reconocimiento a semejante esfuerzo.